Centros Penitenciarios Juveniles

Desde que entró en vigencia la Ley Penal Adolescente, que fue diseñada para los infractores de la ley, mayores de 14 años y menores de 18, llega con ella un gran problema; los centros penitenciarios juveniles. Según esta ley, estos jóvenes o adolescentes tendrán que cumplir internándose en un centro reformatorio, si es necesario, donde podrán mejorar sus expectativas de vida y salir de la vida que llevaban como infractores de la ley mediante a una educación técnica. La ley especifica: "Las sanciones y consecuencias que esta ley establece tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social." Artículo 20. Es así como se pretende llegar a la reinserción social, para que estos “ex delincuentes” salgan con un currículo limpio. Además se les entregará ayuda para rehabilitarse de las drogas si es necesario tal como lo afirma el Artículo 17 "En virtud de ello, dicho régimen considerará necesariamente la plena garantía de la continuidad de sus estudios básicos, medios y especializados, incluyendo su reinserción escolar, en el caso de haber desertado del sistema escolar formal, y la participación en actividades de carácter socioeducativo, de formación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo personal. Además, deberá asegurar el tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas para quienes lo requieran y accedan a ello."

La Ley Penal Adolescente tiene estrecha relación con el problema que sufren hoy en día, los centros penitenciarios juveniles. Cuando comenzó a regir la ley, el diario el Mercurio afirmó que en un informe reciente, se estableció que no estaban las condiciones prácticas para la adecuada puesta en marcha del sistema. (Extraído de "Ajustes a justicia juvenil", Editorial diario El Mercurio, Martes 8 de Mayo 2007). Es por eso, que es muy cuestionable; si ¿Se puede poner en marcha un proyecto sin tener dadas las condiciones? Al parecer sí, y en Chile ya se está volviendo algo común. No tan solo con esta ley, también con el Transantiago y con el hospital de Curepto, por ejemplo.

Luego de un informe hecho por la Unicef entre Noviembre del 2007 y Marzo del presente año, se dieron a conocer en las condiciones precarias que viven estos adolescentes. Es aquí cuando comenzamos a preguntarnos si es que ellos también merecen un trato digno, que los respeten, que respeten sus derechos humanos, sus derechos del niño; cuando ellos no respetaron los de otros, y por eso están “pagando”. Pero, en efecto, el derecho es para todos igual y como tal deben ser tratados dignamente, y por lo informado por la Unicef; eso no esta sucediendo. Las horas sin hacer nada, la falta de control médico, el personal insuficiente y mal preparado, la escasez del espacio, etc… Son algunos de los problemas encontrados en los recintos. Por ejemplo, en el Centro Tiempo Joven, su capacidad es de 150 personas y hoy hay 208 adolescentes. Además que en ese mismo lugar, los jóvenes no cuentan con agua caliente para ducharse; una necesidad básica para las personas.
Es por todo esto, que al fin de cuentas nos quedamos con gusto a poco. Esta nueva ley que pretende lograr la reinserción social de los jóvenes y con esto disminuir la delincuencia y mejorar la calidad de vida de los mismos; no esta haciendo más que crear desesperación, rabia y a la vez incrementa su ansiedad y frustración en contra del sistema. Por lo tanto, mientras la regulación del sistema no mejore, es poco probable que la Ley Penal Adolescente no dará los frutos que pretendió obtener y por tanto los centros penitenciarios tampoco lograran su objetivo.

Relación Estado-Iglesia

En Chile, durante toda su historia, la iglesia ha ejercido un rol importante dentro del poder. En un comienzo, la religión era algo imponente, como cuando eran los curas o fieles, quienes impartían educación o formaban parte de la toma de decisiones en los distintos tipos de gobiernos. Incluso, se les concede el derecho de patronato, es decir, que la iglesia, a través de sus representantes podían participar en la decisiones que se tomaban en el gobierno y además debían cumplir altos cargos. Luego, llega la república laica, en el año 1925; es decir, un estado independiente de cualquier organización religiosa. Luego en el año 1980 se decretaron las profundas divisiones entre estado e iglesia.

Artículo 19: La Constitución asegura a todas las personas:

6º.- La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.
Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones;


Pero el real cuestionamiento respecto a la relación iglesia-estado, es si acaso es suficiente que se hable de “estado laico”, que deja en claro que cada persona tiene la garantía de la libertad de conciencia, si al mismo tiempo; hay valores basados en distintas religiones que las mismas imparten, involucrados en la toma de decisiones de quienes son parte del estado. En otras palabras, aquellas personas que trabajan para el estado, toman las decisiones según criterios y valores (además de leyes, por supuesto), que ellos consideren aceptables según su religión y/o modo de vida.

Hoy en día, la iglesia Católica representa un 70% de la población mayor de 15 años de edad; según el censo del año 2002. Esto, queramos o no, influye a todo el resto de la población que sean de otras religiones o que simplemente no crean en ninguna. Si se cree que no hay relación entre el estado y la iglesia, entonces ¿Por qué será que en la moneda, hay una capilla católica? Como razonamos la enseñanza católica en las escuelas públicas, ceremonias oficiales en organismos públicos, los aportes fiscales en la construcción de infraestructura católica… Si la ley esta pensada para que todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades de expresión, entonces; que se esta haciendo con los que no son católicos, ¿Que pasa con los anglicanos? o hasta incluso los ateos. Esa es la gran disyuntiva. Pero al mismo tiempo tan clara para algunos.

Para aquellos que sean católicos, y tratando de empatizar con ellos; creo que si son la gran mayoría, deben tener mayor importancia para el gobierno como grupo, pero, tanto así como para relacionar religión católica y estado. ¿Es mucho no?

Al final, es difícil dividir a la iglesia y al estado como tal, ya que siempre los valores y la moral van a influir en la toma de decisiones de quienes ejercen el poder y estos siempre se verán influenciados por las creencias religiosas; como pasó con la píldora del día después o como le sucedió a la profesora de educación cristiana, a la que le quitaron la posibilidad de ejercer su trabajo debido a su condición sexual.

Religión, fe, iglesia… Valores, decisiones, juicio… Estado, gobierno, república… ¿Están correlacionadas? Yo considero que sí. La religión, las personas y el estado son inevitablemente parte de la sociedad, y como tal, siempre estaran en el inconciente colectivo.